Con la mirada de Ethel Riquelme.- Los riesgos de que MeToo, la plataforma digital internacional para denunciar a responsables de acoso y abuso sexual contra mujeres, demuestre su enorme capacidad sancionadora y destructiva, es muy similar a las alertas que expertos en derechos humanos y justicia han sostenido durante décadas en torno a la pena de muerte o mutilación para violadores y abusadores:
Que se condene a personas inocentes en procesos colmados de irregularidades y apasionamientos, sin que se pueda reparar el error, o peor, que la sanción modifique los comportamientos criminales de los responsables, escalando la violencia y actuando no sólo como acosador y violador, sino también como asesino para no dejar testigos, lo que eleva el riesgo de feminicidios, ya de por sí en niveles alarmantes por número y grado de impunidad.
Y es que el anonimato en el caso de algunas denunciantes de MeToo temerosas a represalias, es un asunto relativo pues el nombre es protegido por la plataforma, pero la narración de hechos o detalles de modo, tiempo, lugar y prácticas de actuación, pueden permitir muy fácilmente la identificación y doble persecución de las víctimas, un camino que es muy fácil recorrer si se desea, advierten los expertos en seguridad cibernética.
El suicidio de Armando Vega, músico y guitarrista de la banda Botellita de Jerez, tras haber sido denunciado en esa plataforma por abuso y violación contra una menor de edad, así como sus múltiples comunicaciones (escritas y en audio) donde explica su decisión funesta, dejan en claro que el Gran Jurado de las redes sociales es implacable e inapelable, pero la respuesta de las activistas pro MeToo, como la defensora de derechos humanos Lydia Cacho, sorprende aún más, al lamentar la muerte del músico, al tiempo que destaca la “efectividad” de la plataforma.
El punto de partida en todo caso es la ineficiencia de las autoridades judiciales a atender los casos que donde deberían ser valorados, investigados y condenados los responsables es en el ministerio público, donde, como es sabido, los asuntos relacionados con agresiones a mujeres no son tomados en cuenta y muchas veces se revictimiza a las denunciantes.
El gran jurado de las redes sociales, más de 14 millones de usuarios en el mundo al cierre del 2018, ha despertado un gran movimiento justiciero femenino pero las redes también ha causado una estela de injusticias.
El 29 de agosto pasado en Acatlán, Puebla, la difusión de una noticia falsa, un fake news en Facebook sobre una creciente ola de secuestros que la autoridad tardó semanas en desmentir, desató la cacería de dos campesinos acusados de entrar al pueblo para llevarse a dos niños.
Alberto y Ricardo Flores fueron acusados sin pruebas y detenidos por la policía, pero la efervescencia de las redes que repitieron la información poniendo al pueblo en el top ten de usuarios, exacerbó los ánimos al grado que la horda fue a sacar de las rejas a los acusados para quemarlos vivos sin que la autoridad lo impidiera.
El colmo de las redes fue que mediante FaceLive, la esposa de Alberto fue testigo de los terribles gritos de dolor y piedad de su marido y su sobrino mientras eran quemados. Todo en tiempo real.
La tardía acción de la autoridad en ese momento y también al dar a conocer varios días después el origen, actividad y motivo por los cuales ambos hombres se encontraban en el lugar y su inocencia del delito que les era atribuido, no alcanzó los “likes” ni la empatía que sus asesinatos provocaron en las redes.
La mayor tragedia de MeToo no es la acusación abierta con riesgo de injusticia, pues muchas veces son narraciones de amigas, de lo que otra dijo, le contó o sabía, etc., sino la renuncia de las mujeres a la justicia plena, a la reparación del daño, a la aplicación completa y total de los derechos y garantías, a sacar a un cáncer de la sociedad y llevarlo a la cárcel, no se trata apenas de la destrucción del prestigio público.
Una visión muy pobre de las causas por los derechos ciudadanos, de mujeres y de hombres. Porque lograr la visibilidad de los abusos contra las mujeres, pero sin la acción de la justicia, porque lograr que un “responsable” sea despedido de su empleo o condenado por las redes sociales, marcado por la sociedad, “balconeado” en su medio, no resuelve el delito, apenas sacia la sed de venganza.
