La OCDE da la bienvenida a las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción que fueron aprobadas por los legisladores el 16 de junio de 2016 y promulgadas el 18 de julio de 2016, dando un paso firme hacia la consolidación de uno de los pilares de la agenda de reformas estructurales de México. La adopción de estas leyes transforma sustancialmente el marco institucional para el combate a la corrupción en México y pone en marcha medidas que la OCDE considera efectivas, tales como:
1) Establecer un nuevo Comité Coordinador responsable del diseño, implementación y coordinación efectiva de las políticas anticorrupción.
2) Hacer a los ciudadanos actores clave del Sistema Anticorrupción a través de un Comité de Participación Ciudadana, cuyo representante presidirá el Comité Coordinador.
3) Acercar aún más a México al objetivo del resto de los países OCDE de promover una mayor transparencia y capacidad de detectar y prevenir la corrupción mediante el aumento de los requisitos reglamentarios para la declaración de activos e identificación de conflictos de interés y otros intereses privados de los funcionarios públicos, y la mejora de la capacidad de la Auditoria Superior de la Federación para llevar a cabo auditorías en tiempo real y desarrollar mecanismos de seguimiento.
4) Tomar una postura más firme para sancionar violaciones a la integridad, haciendo posible que los casos potencialmente graves caigan bajo la jurisdicción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que gozará de plena independencia para emitir sus resoluciones.
5) Crear una Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción que apoyará medidas más estrictas de aplicación y procesamiento, para lo cual será clave que el Fiscal sea designado a la brevedad.
De acuerdo con el Secretario General Gurría, “posiblemente el elemento de cambio más importante de estas leyes es que van más allá del nivel federal e incluyen a todos los niveles de gobierno. De hecho, la nueva legislación requiere que los estados mexicanos sigan el ejemplo en sus propios sistemas anticorrupción, lo cual permitirá desmantelar algunas de las principales fuentes de corrupción en México”
La OCDE también considera que el requisito para que los estados reproduzcan los esfuerzos federales y cumplan con las normas establecidas por la legislación nacional, y desarrollen nuevos requisitos de divulgación en virtud de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, constituye un avance muy importante. El Sistema Nacional de Fiscalización, que incluye a los órganos federales y estatales internos y externos de control, jugará un papel importante en el fortalecimiento de las instituciones de auditoría y en la armonización de las políticas y las capacidades en todo el país. Esto podría cambiar significativamente la percepción de corrupción en los estados y municipios y mejorar las perspectivas de los ciudadanos sobre una mayor integridad en la prestación de servicios públicos.
El Secretario General también destacó que: “Al igual que con el resto de los esfuerzos de reforma que México ha llevado a cabo, la clave para un cambio real radica en la implementación. Este marco pone a México al día de acuerdo con las mejores prácticas de la OCDE, pero ahora tenemos que hacerlo funcionar.” La OCDE exhorta al gobierno mexicano a adoptar un enfoque sistémico e integral para la implementación; a forjar una cultura de integridad; y a integrar desde el principio mecanismos sólidos de rendición de cuentas, especialmente a nivel subnacional.
Esta nueva visión también requerirá de esfuerzos de capacitación para los funcionarios públicos que permitan transitar de un enfoque basado en reglas a uno basado en valores. La OCDE también señala que si bien la nueva legislación puede mejorar los procesos de denuncia de actos de corrupción, nuevas medidas serán necesarias para garantizar la protección de los sonadores de alerta (whistleblowers).
La OCDE apoyará al gobierno mexicano en la implementación de esta prometedora agenda, que se suma a la vasta y estrecha cooperación en marcha en el área de la integridad.
El Estudio de la OCDE sobre Integridad en México que está siendo elaborado, está muy bien adaptado para dar seguimiento a la implementación y proporcionar recomendaciones para seguir mejorando. La OCDE también está trabajando con la Auditoría Superior de la Federación para fortalecer el Sistema Nacional de Fiscalización en este momento crucial y se ha comprometido con los gobiernos de Coahuila y la Ciudad de México para compartir buenas prácticas internacionales en materia de políticas e instituciones de combate a la corrupción. Por último, la OCDE está apoyando la mejora de los procesos de contratación pública vinculados al Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a PEMEX, además de los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los cuales ya han generado importantes ahorros.
