El presidente de México, Enrique Peña Nieto, en ejercicio de la facultad constitucional de realizar observaciones a leyes aprobadas por el Congreso de la Unión, conocida como facultad de veto, devolverá al Senado de la República para su análisis el artículo 32 incisos b) y c) de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y otros 15 relacionados.
Estos artículos señalan que todo particular, sea un individuo o una empresa, que reciba o ejerza recursos públicos o contrate con cualquier instancia del Gobierno debe presentar sus declaraciones patrimoniales. Lo que representa dar a conocer a la autoridad todo su patrimonio.
Además señala que todas las personas que trabajan en una empresa que contrate con el gobierno, es decir, la totalidad de los trabajadores de una empresa, sin importar su función dentro de la misma, tendrían que presentar estas declaraciones.
Por ello propone modificaciones, al considerar que esta medida es excesiva y haría inoperante el sistema nacional anticorrupción, ya que sería imposible procesar millones y millones de declaraciones; también inhibiría a los particulares de prestar servicios o vender productos a gobiernos.
Lo más importante afectaría a personas que no están vinculadas con contrataciones como beneficiarios del Programa Prospera o los becarios del CONACYT, entre otros.
El Presidente de la República está proponiendo modificaciones para fortalecer el sistema nacional anticorrupción.
Las observaciones parciales que se formulan tienen como objetivo fundamental colaborar con el Poder Legislativo para fortalecer a las instituciones y garantizar que todas las normas que se aprueben se apeguen a la Constitución.
Con el objetivo de no retrasar la vigencia del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, el Presidente de la República solicitó que se convoque a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.
